Los ciudadanos probablemente tendrán que informar a las autoridades de la transferencia de más de 15.000 euros (380.000 coronas checas) en efectivo a otro Estado miembro de la UE. La modificación de la Ley contra el Blanqueo de Capitales, que debatirá el Gobierno el miércoles, así lo prevé. La norma también amplía las obligaciones de los operadores de activos virtuales, que incluyen las criptodivisas y las NFT. El Ministerio de Hacienda está modificando la ley en respuesta a las recomendaciones de los expertos del Consejo de Europa, que consideraron insuficiente la redacción actual de la norma.
Nuevas medidas y límites
Actualmente, las personas tienen que declarar la transferencia de más de 10.000 euros (254.000 coronas checas) en efectivo a través de las fronteras exteriores de la UE, lo que sólo se aplica a los aeropuertos internacionales. Sin embargo, según los expertos del Consejo de Europa, esta regulación es insuficiente porque crea una vulnerabilidad en la lucha contra el blanqueo del producto del delito.
Por tanto, la enmienda introduce una obligación con un límite más alto también para la transferencia de dinero en efectivo a través de las fronteras interiores de la UE, tanto en persona como por correo u otro servicio de entrega postal. Las personas tendrán que declarar el propietario y el destinatario de este dinero en efectivo y explicar por qué lo llevan, si se lo pide la aduana.
Ampliación de las obligaciones de identificación
Otro endurecimiento afecta a los comerciantes de activos virtuales. Ahora tendrán que obtener información sobre la identidad del ordenante o destinatario de la transferencia de activos virtuales al identificar a los clientes. De este modo, sus obligaciones se acercarán más a las de otras entidades financieras y de crédito a la hora de seleccionar a los clientes.
La Ley contra el Blanqueo de Capitales, también conocida por las siglas inglesas AML, permite identificar a los titulares reales de las empresas, investigar el origen de los activos o las transacciones financieras sospechosas. La ley impone la obligación de examinar a los clientes, en particular a las entidades empresariales que puedan estar implicadas en transacciones potencialmente abusivas para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Esto se aplica, entre otros, a las entidades de crédito, las agencias inmobiliarias, los auditores y los gestores de fondos fiduciarios.
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